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Celebramos enormemente esta noticia, esperando que la PNL prospere, y se convierta en una Ley (elaborada por expertos) para evitar que profesionales no cualificados estén ejerciendo como peritos psicológicos o psicólogos forenses, asegurando así la calidad del trabajo realizado en favor del ciudadano.

Recordemos que un psicólogo forense trabaja en el ámbito de justicia, eso es, elabora informes periciales psicológicos que asesoran al Juez sobre el proceso. ¡¡Qué menos que asegurarse de que, así como el abogado, el Juez, el Fiscal, etc. tienen una formación específica en el ámbito en el que están trabajando, el psicólogo forense también es un experto en ese ámbito!!

El pasado mes de diciembre, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, debatió y aprobó una Proposición No de Ley “relativa al establecimiento de unos requisitos mínimos en la formación de psicólogos forenses y otros peritos judiciales”, presentada por el Partido Popular.

Según afirma este Grupo

Desde una óptica legal, la Fiscalía General del Estado en una reciente instrucción sobre el tratamiento del acoso escolar desde el sistema de justicia juvenil, atribuye a este concepto diversas significaciones jurídico penales, pero que, en todo caso, describen un repertorio de conductas violentas, intimidatorias o denigratorias, para cuyo análisis debe partirse de una cierta continuidad y reiteración. En esta línea, aunque se carece de una definición consensuada de acoso escolar, se comparten unos mínimos comunes que posibilitan su operativización: desequilibrio de poder, intencionalidad de los actos de agresión, y continuidad en el tiempo (Olweus, 1993). No obstante, estos tres elementos no son suficientes, ya que además ha de producirse victimización, es decir, daño.

Por otro lado, se ha tendido a medir la continuidad en el tiempo, con base en la frecuencia de la conducta de acoso en un marco temporal concreto, obviándose una variable relevante, con efectos potenciales sobre la

Importante señalar el último punto de los criterios a tener en cuenta a la hora de otorgar una guarda y custodia compartida "el resultado de los informes exigidos legalmente". Estos informes pueden ser de varios profesionales, entre los que se encuentra el psicólogo forense o perito psicológico. Si bien el informe pericial psicológico no es vinculante, es decir, el juez puede o no hacerle caso, la mayoría de veces, si este informe está hecho de forma profesional, por un psicólogo especialista en psicología forense, se tiene en cuenta a la hora de tomar una decisión.

Un sistema alternativo a la custodia monoparental es el régimen de custodia compartida, cada vez más demandado.

Un tema importante cuando nos encontramos con casos de divorcios contenciosos, por lo que es muy importante una buena comunicación entre progenitores, como estrategia de prevención.

Una revisión de la literatura médica indica que las conductas de los padres están muy relacionadas con la ansiedad y la depresión de los hijos. Los autores señalan que estos dos trastornos comienzan a experimentarse entre los 12 y 18 años. Se revisaron 181 estudios publicados sobre la posible relación entre las conductas de los padres y el perfil de los hijos que desarrollaban uno u otro trastorno.

La autora principal, Marie Yap, del Grupo de Salud Mental Poblacional de la Escuela de Población y Salud Mental de Melbourne, Australia, explicó que es imposible describir la importancia de la crianza con respecto a otros factores que influirían en la aparición de la depresión y la ansiedad.

En la nueva revisión surgieron nexos más fuertes entre la crianza y la depresión, que incluían tristeza y falta de

El Tribunal Supremo acaba de crear jurisprudencia con una sentencia en la que reconoce la filiación de una lesbiana que, una vez separada de su mujer en 2009, emprendió una lucha en los tribunales para que la justicia reconociera sus plenos derechos como madre a pesar de no ser la que concibió a sus hijas.

Aunque estas dos tinerfeñas tienen tres hijas, el caso judicial se centró en las dos más pequeñas, nacidas el 14 de diciembre de 2007 por reproducción asistida. Para iniciar este proceso, las dos mujeres firmaron el consentimiento informado en la clínica el 16 de marzo de 2007.
Nada más nacer, las niñas fueron inscritas en el Registro Civil con los apellidos de la madre biológica, y aunque la pareja, que se casó el 3 de agosto de 2007, recurrió para que se rectificara este error y las niñas fueran registradas con los apellidos de ambas, no lo lograron.
Casi dos años después decidieron divorciarse, aunque con la entrada en vigor en 2005 de la Ley del Matrimonio Homosexual, en